Entrevista: Andrés Sastre Director Regional Cono Sur de ASIET
RT entrevistó a Andrés Sastre - Director Regional Cono Sur de ASIET para conocer de primera mano cómo aprecia la actualidad del sector de Telecomunicaciones, la convergencia y su marco jurídico.
¿Cómo aprecia la evolución del sector de comunicaciones y su impacto sobre el proceso de convergencia de los mercados?
El cambio en el sector de las telecomunicaciones y su traslado a los mercados y a la oferta que final- mente recibe el usuario y como el mismo hace uso y disfrute de sus servicios ha evolucionado de manera radical en los últimos diez años. Este cambio, ha venido predeterminado por varios niveles de evolución tecnológica, uno inicial en el que las diversas redes de telecomunicaciones alámbricas, inalámbricas y satelitales, son capaces de proveer todos los servicios de comunicación digital, incluyendo la telefonía, el acceso a internet y el vídeo tanto en modalidad lineal (broadcasting) como no lineal (Video On Demand). Otro de ellos, fundamental, es la desintegración lógica entre red y servicio a través de internet, que permite que terceros proveedores de servicios, contenidos y aplicaciones satisfagan las necesidades de comunicación y entretenimiento de los consumidores sin una vinculación directa ni contractual con la infraestructura física que provee el acceso al usuario final. Esta evolución convergente ya hace tiempo que ha producido efectos de sustitució que están obligando a reaccionar a muchos reguladores para repensar las definiciones de mercado y a definir reglas del juego que sean equivalentes tanto para los servicios digamos denominados "tradicionales" como para los ya no tan nuevos agentes del mercado. Mientras eso sucede las fronteras entre los denominados actores tradicionales y nuevos se va difuminando, donde los primeros empiezan a incursionar ofreciendo una amplia gama de nuevos servicios o provistos de diferente manera.
Debemos tener claro que en un contexto actual de convergencia, la prestación básica hace mucho tiempo que dejo de ser la "telefonía", que pasa a ser un servicio cada vez más secundario, sino que es la conectividad, el acceso a internet, que puede ser provisto desde redes de diversas caracte- rísticas y tecnologías. Los modelos de negocios de los operadores de telecomunicaciones se han ido ajustando para sostener la conectividad como principal fuente de financiamiento de la red, donde los servicios provistos sobre la red no ayudan a la financiación de la misma. Los mismos operadores de telecomunicaciones incluso como he mencionado antes han ido incursionando en nuevas áreas de negocio como la TV on Demand que puedan complementar la demand de los usuarios o la posibilidad de ofrecer a nivel empresarial servicios derivados del IoT que contribuyan a la digitalización de nuestras economías. Es previsible que con un desarrollo aún mayor del IoT y la proximidad de los primeros desarrollos de 5G a nivel comercial, el dinamismo evolucione aún más rápido de lo que ha venido haciendo en los últimos años.
Hoy día, ¿cómo es el marco jurídico para el desarrollo de las telecomunicaciones?
Como hemos visto, el sector de las telecomunicaciones ha sufrido considerables transformaciones en los últimos 20 años. En un contexto de cambios como el que hemos vivido, los paradigmas tradi- cionales que han sentado las bases para el diseño de los esquemas regulatorios vigentes son desafiados constantemente. La regulación no ha sabido avanzar al compás de la evolución tecnológica y a día de hoy en la mayoría de los países la regulación sigue pensada para servicios de los 90.
Es preciso por tanto afrontar una remodelación normativa en el sector. Un modelo convergente de servicios requiere una regulación que se adapte a las condiciones de mercado actuales, que sepa ver las necesidades y derechos de empresas y usuarios, maximizando los efectos económicos derivados de la digitalización. La nueva regulación debe tener en cuenta que si no se adapta al nuevo contexto y realidad de la nueva provisión de servicios, vamos a continuar con las asimetrías y distorsiones existentes en el mercado, en la medida que los operadores de telecomunicaciones compiten en la provisión de servicios con nuevos actores a los que no les afecta la regulación. Es inviable por tanto que el ecosistema digital crezca de la manera más competitiva y dinámica posi- ble, si no se afronta esta reforma dado que a la larga se pone en peligro incluso futuras inversiones, sobre todo en infraestructura de comunicaciones de primer nivel. Si se quiere maximizar los efectos de la digitalización en nuestras economías, es imprescindible que los marcos normativos aplicables reflejen la realidad del sector y la dinámica altamente cambiante que estamos viviendo.
Por poner ejemplo, una característica esencial de esta era de internet, es que los servicios finales ofrecidos sobre la red no necesariamente son provistos desde la jurisdicción donde se encuentra el usuario, sino que son de carácter global, lo que dificulta que estos sean regulados con los riesgos que ello conlleva en materia de privacidad, protección a los consumidores y seguridad. En adición a ello, los servicios de carácter global no suelen tributar ni generar empleo en las regiones emergentes, desde donde en definitiva se termina transfiriendo riqueza para los países más desarrollados donde se encuentran constituidos (principalmente hacia Estados Unidos). Los marcos normativos rara vez promueven estimular el desarrollo de contenidos y aplicaciones de índole local, lo que contribuiría a impulsar la demanda por conectividad y generar mayor valor para la economía de Argentina y de América Latina.
Avanzar hacia una regulación razonable requiere reconocer que el nivel de tributación es desigual en el ecosistema y que deben primar criterios de neutralidad tecnológica por los que se regule el servicio y no la forma por la que el mismo se provee, de cara a que las reglas de competencia, de privacidad, sancionatorias no discriminen en función del sujeto que las provee creando una discriminación arbitraria con efectos lesivos a la sana competencia.
Con respecto al desarrollo del ecosistema digital en LatAm, ¿Qué retos observa desde el ámbito de las telecomunicaciones y qué condiciones consideran relevantes en cuanto a regulación y políticas públicas para maximizar su desarrollo?
Debemos entender que el sentido de la regulación es el resolver situaciones específicas de mercado para procurar que éste funcione de mejor manera, y pueda alcanzar los objetivos establecidos an- teriormente. Para que ello sea posible, debe identificarse una serie de factores que deberían guiar los esquemas regulatorios en la era de la convergencia.
A día de hoy fruto de una inversión constante a lo largo de los últimos 25 años, podemos afirmar sin riesgo de no equivocarnos que la infraestructura de telecomunicaciones en América Latina es la mejor infraestructura que existe. Esto ha permitido que amplias capas de ciudadanos sean capaces de acce- der a día de hoy a servicios de conectividad de internet, sin embargo la brecha digital sigue presente y cerca de un 40% de los latinoa- mericanos no accede hoy a internet. La brecha digital sigue siendo la brecha de la pobreza, aquellos sectores que menos acceso tienen a los servicios de conectividad son aquellos de más bajo poder adquisitivo y que a día incluso, sufren con mayor medida el impacto de las consecuencias económicas derivadas de la pandemia del CO- VID19. Lograr por tanto la plena inclusión digital es un imperativo ético como sociedad aún mayor que antes. Un reciente estudio ha demostrado que el impacto en la pérdida de empleo se da en mayor cuantía en aquellos trabajos menor cualificación, que normalmente son desempeñados por los sectores con menores recursos. Si no ponemos coto a esto y avanzamos hacia políticas públicas que creen las condiciones para masificar el acceso a los servicios de conectividad, creen ciudadanos conectados con habilidades digitales, al mismo tiempo que se garantiza la sostenibilidad de los servicios, los efectos perniciosos de la derivación económica de la pandemia van a ser aún más debastadores a corto y mediano plazo. Es imprescindible por tanto aplicar políticas públicas al más alto nivel que incidan en la inclusión digital de ciudadanos y empresas.
En un contexto económico adverso como el actual, si la región quiere tener niveles de conectividad a la altura de los países más desarrollados, según un estudio del cet. la se deben invertir cerca de de USD 161.000 millones hasta 2025 para que la región pueda contar con cobertura 4G en el 95% del territorio y 6 de cada 10 hogares con fibra óptica. Todo ello en una situación de retroceso económico, descenso de márgenes y cada vez más bajo retorno por usuario. Solo podremos realizar este objetivo si el ámbito regulatorio e institucional es capaz de fomentar y crear incentivos correctos.
La necesidad de replantear el marco regulatorio antes mencionado debe apostar al incentivo de la innovación, la inversión y el despliegue de infraestructuras de primer nivel. La eliminación de obligaciones obsoletas, un nuevo marco fiscal que deje de gravar al sector a niveles solo comparables al alcohol y al tabaco. Que las empresas puedan contar con el suficiente espectro radioélectrico y que se prime el valor social del mismo por encima del valor recaudatorio del mismo. Establecer nuevas políticas de competencia y acceso a licencias, favoreciendo el denominado permiso único que fomente la certidumbre y la seguridad jurídica y ayuda a maximizar las inver- siones que se realicen, pudiendo las empresas ofrecer todos aquellos servicios que su tecnología les permita.
Los problemas para el despliegue de infraestructura (por la variedad de regulaciones, nacional ,local etc) se han hecho muy evidentes durante la crisis siendo necesario implementar una regulación adecuada para maximizar el despliegue de infraestructuras de cara a simplificar los procedimientos y trámites, para que los permisos de instalación se obtengan con rapidez, sin trabas burocráticos, con regulaciones de alcance nacional. Debemos proceder a incentivar y facilitar el despliegue de redes de alta velocidad (5G y fibra óptica al hogar) para hacer frente a la cada vez mayor demanda de transmisión de datos.
La única vía, por tanto es generar certidumbre y seguridad jurídica para planificar inversiones cuan- tiosas a largo plazo. Evitando establecer regulaciones de forma discrecional y nuevas disposicio- nes con alcance retroactivo para infraestructuras ya instaladas. La actualización fiscal para lograr los retos antes planteados no puede demorarse, el carácter esencial para el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones es incompatible con la actual presión fiscal que sufre el sector. Es necesario reducir al mínimo los requisitos de licencias de infraestructuras de telecomunicaciones y de servicios de comunicación, para promover la innovación y la competencia
La región tiene ante sí un reto apasionante que no puede dejar atrás si quiere apostar por el crecimiento y la inclusión de todos sus ciudadanos.
RT
Referencias:
1- Las oportunidades de la digitalización en América Latina frente al Covid-19, elaborado por la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), CAF Banco de Desarrollo de América Latina, DPL Consulting y Telecom Advisory Services.
2- Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, 'Nuevo Marco Regulatorio para la Convergencia' 2019.
3- Nos enfrentamos en toda la región a un escenario de decrecimiento de la economía, CEPAL estimaba en Marzo una contracción de -1,8% del producto interno bruto regional, lo que podría llevar a que el desempleo en la región suba en diez puntos porcentuales. Esto llevaría a que, de un total de 620 millones de habitantes, el número de pobres en la región suba de 185 a 220 millones de personas; en tanto que las personas en pobreza extrema podrían aumentar de 67,4 a 90 millones. Es previsible que el impacto finalmente pueda ser mucho mayor tras una duración más amplia de lo previsto con riesgo según responsables del FMI de una nueva década perdida para la región.
Entrevista: Federico Falco